Proyecto Patrimonios Barriales con criterios de priorización con enfoque de género

De acuerdo con las proyecciones de población del DANE, el número de habitantes de Bogotá en el año 2020 asciende a 7.743.955 personas, de las cuales el 52,1% son mujeres. En lo que respecta a los ingresos, según la ECV 2018, el 54,5% de las jefas de hogar manifiestan que los ingresos solo alcanzan para cubrir los gastos mínimos, 0,8 puntos porcentuales (p.p.) por encima de la cifra de los jefes hombres; un comportamiento aún más diciente se observa entre las personas que consideran que sus ingresos no llegan a cubrir los gastos mínimos (26,6% de las jefas mujeres y 20,6% de los jefes hombres), en tanto ellos (25,6%) las superan en 6,3 p.p. en la percepción de que los ingresos cubren más allá de los gastos mínimos. Asimismo, en Bogotá, el 15,0% de las jefas de hogar se consideran pobres y se presenta una diferencia de 2,7 p.p. frente a la percepción de los hombres (12,7%).
Por otro lado, el aumento en pesos corrientes para los hogares cuya jefa es mujer (cerca de $215.000) es menor que el de los hogares cuyo jefe es hombre (cerca de $278.000). La diferencia de ingresos entre hogares según el sexo de la persona jefa de hogar por cada año muestra una brecha desfavorable para las mujeres en una cifra cercana a $536.000 en 2015, cifra que se elevó en 2018 a cerca de $599.000. Cabe anotar que el ingreso en 2018 de los hogares con jefatura femenina en Colombia fue de $2.055.257, por debajo del ingreso en 2018 de los hogares bogotanos con jefa mujer ($2.743.570) y muy por debajo del de los hogares de Bogotá con jefe hombre ($3.285.096).
Asimismo, pese a que las mujeres en Bogotá son mayoría en la población en edad de trabajar representando el 52,2% para 2019, esa relación se invierte en su inserción en el mercado laboral, dada su alta tasa de desempleo, y su mayor participación en actividades de baja calidad, mayor informalidad o dentro de la inactividad. Adicionalmente, persiste la brecha salarial que para el año 2019 fue de 15% con respecto de los hombres y su tasa de desempleo en los últimos cinco años permanece en dos dígitos. Esto permite observar que, en efecto, para las mujeres sigue siendo mucho más difícil alcanzar plenas garantías laborales.
De tal forma, la apuesta por una mayor absorción de fuerza de trabajo de las mujeres en Bogotá es más que pertinente. Mientras la tasa global de participación (TGP) de los hombres entre 2009 y 2019 fue de 74,2% y 75,9% respectivamente, para las mujeres fue de 59,7% en 2009 y 62,7% en 2019, siendo el 2014 el año con una mayor participación ubicándose en 66, 6%. Como se observa en la tabla 9 la brecha en la participación laboral por sexo se ha mantenido por encima de los 12 puntos porcentuales durante los últimos 6 años. Por otro lado, la tasa de ocupación (TO), evidencia que la demanda laboral privilegia a los hombres. En 2009, la TO de hombres fue de 66,4%, mientras que la de mujeres fue de 52,1%. Aunque la brecha de ocupación presenta un leve estrechamiento, para el año 2019 por cada 100 en edad de trabajar contrataban 69, en tanto que por cada 100 mujeres en edad de trabajar 55 fueron contratadas. Adicionalmente, las tasas de subempleo subjetivo y objetivo para el año 2019 son mayores para las mujeres; subempleo subjetivo 26,6% y subempleo objetivo 11,1%. Finalmente, las mujeres presentan una tasa de desempleo (TD) más alta que los hombres. Para 2019, la TD de las mujeres se ubicó en 12,3%, en tanto la de los hombres fue del 9,7%.
En la formulación de la política pública es un imperativo el reconocimiento de la universalidad de los derechos sociales y económicos, esto quiere decir, la no exclusión de su goce efectivo a ningún ciudadano ni ciudadana por ninguna consideración. Bajo esa lógica, el trabajo está identificado y reconocido como uno de los derechos socioeconómicos más importantes en el ámbito constitucional e internacional y hace parte de los derechos de las mujeres priorizados por la PPMYEG. Para su garantía con enfoque de género se deben contemplar elementos como i) condiciones de trabajo dignas y seguras, ii) mayor absorción de mano de obra de mujeres y vinculación a sectores formales, iii) vínculos laborales estables y con remuneración justa, iv) cobertura en seguridad social, v) acceso igualitario a educación para el trabajo, vi) cumplimento de la legislación e inspección laboral en el trabajo doméstico remunerado, vii) prevención y erradicación del trabajo infantil, viii) corresponsabilidad en el cuidado, ix) libertad de asociación y libertad sindical, entre otros.
Así, el Derecho al Trabajo tiene como aspecto central alcanzar el progreso económico de las mujeres, es decir, su autonomía económica, entendida como la posibilidad de obtener ingresos y recursos propios, así como decidir su uso. La autonomía económica también se extiende al mundo laboral frente al acceso a trabajo remunerado en las mismas condiciones que los hombres con la finalidad de generar condiciones para la superación de situaciones de vulnerabilidad social, dependencia y agudización de violencias, especialmente la económica.
En este contexto, este compromiso se enmarca en el objetivo de contribuir al ejercicio pleno de los derechos económicos de las mujeres, así como al reconocimiento social, económico y simbólico del trabajo que realizan las mujeres en sus diferencias y diversidad, destacando las potencialidades y saberes que han acumulado en las actividades de producción y reproducción.